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El Senado de la Nación se prepara para debatir este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que transitó por cuatro meses de idas y vueltas y negociaciones que nunca terminaban de avanzar. El eje central de la discusión radica en un capítulo que propone la liberalización del mercado de tierras rurales para inversores internacionales, un punto que generó fuertes discrepancias entre el oficialismo y diversos sectores de la oposición. Mientras el Gobierno nacional argumenta que estas reformas buscan otorgar “más seguridad a los inversores”, organizaciones sociales y ambientales advierten sobre los riesgos que los cambios podrían representar para la soberanía nacional.
El proceso de consenso fue complejo, lo que derivó en la redacción de múltiples borradores que intentan destrabar el tratamiento de la ley. En este sentido, integrantes de la bancada de La Libertad Avanza manifestaron que, mediante la introducción de cambios en el texto original, estiman contar con un respaldo suficiente para la votación: “Vamos a estar holgados con los votos, entre 38 y 40”. No obstante, sectores de la oposición mantienen sus reservas respecto a la eliminación de los topes a la extranjerización, que actualmente se sitúan en un 15% del territorio nacional.
En este contexto, la realidad territorial de Tucumán ofrece un marco de referencia significativo. Según datos del Mapa de Extranjerización elaborado por el Observatorio de Tierras, el 4,04% de la superficie provincial, equivalente a unas 85.500 hectáreas, se encuentra bajo la titularidad de capitales mayoritariamente españoles y belgas, según informara Tendencia de Noticias. Aunque el promedio general de la provincia se mantiene por debajo del límite nacional, la situación es dispar a nivel departamental: Cruz Alta presenta un 16,42% de sus tierras en manos extranjeras, superando el máximo permitido por la ley actual. A este caso le siguen Burruyacu con un 9,02%, Río Chico con un 7,52% y Famaillá con un 5,32%, mientras que San Miguel de Tucumán destaca por ser el único distrito sin presencia de capitales foráneos en sus tierras.

Frente a la resistencia legislativa, las últimas versiones del proyecto oficial incorporaron modificaciones sustanciales. La propuesta más reciente reinstaura un ‘techo’ de extranjerización privada del 25% por provincia y establece un mecanismo de “doble autorización conjunta” que requiere el aval tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia involucrada para concretar la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, persiste la duda sobre si estas concesiones serán suficientes para sumar las voluntades necesarias en la cámara alta.
Ante el riesgo de un nuevo estancamiento, algunos legisladores oficialistas sugieren la posibilidad de retirar el apartado referido a las tierras para priorizar otros puntos del proyecto. “Hay que ser pragmáticos y no quedar encerrados con lo de las tierras. Debemos seguir adelante con la agenda legislativa”, señalaron desde el bloque libertario, destacando que la ley contempla otras reformas relevantes en materia de “expropiaciones, desalojos y manejo del fuego”. La iniciativa también busca agilizar los procesos de desalojo mediante cambios en los códigos civil, comercial y procesal de la nación.
De no mediar nuevos cambios, el debate parlamentario pondrá a prueba la capacidad de negociación del oficialismo para modificar una regulación que afecta a millones de hectáreas en todo el país. Las organizaciones críticas del proyecto subrayan que la verdadera dimensión del fenómeno de la extranjerización se aprecia al analizar la ubicación de los predios respecto a “cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”, recursos que consideran estratégicos para el desarrollo nacional.